jueves, 2 de marzo de 2017

Política Nacional de Transparencia en Bolivia



Por: Paúl Antonio Coca, Abogado. Twitter: @paulcoca

El 22 de julio de 2009 ingresó en vigencia el Decreto Supremo Nº 0214 cuyo objeto es aprobar la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (PNTLCC) “con la finalidad de contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación, transparencia, de acceso a la información y sanción de actos corrupción” (art. 1 de dicha norma).

La aplicación de la PNTLCC (art. 2) no es solamente para las entidades e instituciones pertenecientes a los Cuatro Órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) sino también a las entidades territoriales autónomas, quienes deben trabajar por la transparencia en sus instituciones, realizando las acciones previstas por la PNTLCC, tanto en la prevención como en la lucha contra la corrupción.

Ejes de la PNTLCC.-

Los ejes que la PNTLCC establece (art. 4):

*EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por el cual reconoce que tanto la ciudadanía como organizaciones sociales deben participar en los asuntos públicos y que, en el marco de la democracia, dicha “participación ciudadana” no debe limitarse a la elección de representantes, sino a la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo con sus representantes.

Debido a su amplio contenido, éste es uno de los ejes más amplios e importantes de la PNTLCC, estableciendo los siguientes aspectos:

- Institucionalización del Control Social, para permitir a la ciudadanía, sea o no parte de una organización social, a ejercer control y auditoría social de la gestión pública de las entidades públicas; el mismo debe ser incluido en los procesos de contratación pública;

- Denuncia Ciudadana, que se incorpora en el ordenamiento jurídico para dar “legitimación activa” a todos los actores y organizaciones sociales para denunciar actos de corrupción ante las autoridades encargadas de atender estos casos. Esta legitimación activa señala que cualquier persona tiene la obligación de denunciar y combatir los actos de corrupción, lo cual está amparado en el Art. 108, numeral 8 de la CPE; es decir, el que denuncia un acto de corrupción no necesita tener un interés personal para efectuar la misma, ya que la corrupción afecta a todos y cada uno de los habitantes del Estado;

- Audiencia de Rendición Pública de Cuentas, modalidad que se encuentra en vigencia con la CPE de 2009 (235 numeral 4), por lo que las entidades públicas, de todos los niveles del Estado, están obligadas a realizarlas con la participación de la ciudadanía. De acuerdo a la propia PNTLCC, se entiende por Rendición Pública de Cuentas “a la acción de toda institución de poner a consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en la gestión así como el cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales involucrados y con la sociedad civil en general”.

- Participación Ciudadana y promoción de liderazgos, en donde se debe efectuar las modificaciones legales necesarias para que tanto la ciudadanía como organizaciones sociales participen activamente no solamente en la formulación de políticas públicas, sino también en el seguimiento, fiscalización y monitoreo de las mismas; de igual manera, es necesario encontrar a nuevos líderes al interior de las organizaciones sociales con el fin de empoderarlos como ejecutores del control y auditoría social, en especial a aquéllos que se caractericen por sus altos valores éticos y morales;

- Capacitación Ciudadana. Tenemos que la PNTLCC establece la obligación de que las entidades estatales realicen capacitaciones en temas como participación pública, transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción y otros. Pero dicha capacitación debe ser efectuada por las entidades de los diversos órganos del Estado no solamente a los servidores públicos que la conforman, sino también a quienes ejercen el control social, es decir, a las organizaciones sociales y ciudadanía, ya que el fin es, conforme lo dice la PNTLCC, “fortalecer sus capacidades de ejercer el control social, y monitorear las rendiciones de cuentas”.

*EJE 2: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, por el cual es prioritario profundizar los mecanismos de transparencia en la gestión pública y fortalecer el derecho que tienen los actores y organizaciones sociales de acceder a la información que está en poder del Estado. Dicho de otra manera, hablamos del “acceso a la información”, el cual se encuentra en la CPE, art. 21: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. En la práctica, el acceso a la información se encuentra íntimamente ligado con el derecho de petición (CPE, Art. 24), por lo que es un derecho de la ciudadanía el solicitarla, y una obligación del Estado el otorgarla aunque no la soliciten formal y/o expresamente.

*EJE 3: MEDIDAS PARA ELIMINAR LA CORRUPCIÓN. Uno de los aspectos más delicados es la lucha contra la corrupción; la PNTLCC reconoce que la prevención es una excelente herramienta sin dejar de lado las sanciones respectivas, y recuperación de los bienes (patrimonio) que el Estado ha perdido. Con tal motivo, se ha puesto en vigencia la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley Nº 004 de 31 de Marzo de 2010) que, si leemos su art. 34 (Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal), en particular el art. 185 Bis que es modificado en dicho Código, tenemos que la corrupción es colocada al mismo nivel que el tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, entre otros.

Dentro del marco de la prevención de la corrupción, la PNTLCC establece algunos puntos a tomar en cuenta, entre los cuales tenemos:

*Ampliar el ámbito del control social de los actos de corrupción, no solamente extendiéndolo a las propias entidades estatales, sino, también, a las instituciones privadas que prestan servicios públicos y, en general, a todas aquellas que administran recursos públicos y organizaciones que reciben aportes estatales;

*Inhabilidades y regulación de conflictos de intereses, no solamente combatir el nepotismo, sino que estableciendo la prohibición de contratar o designar, en la misma institución, a parientes, puesto que el objetivo de la administración pública es servir al ciudadano y no servirse de él;

*Agilizar y mejorar el control gubernamental, generando mecanismos de coordinación adecuados y promoviendo las reformas que sean adecuadas para lograr eficiencia y eficacia en las labores de control gubernamental de las instituciones públicas que cumplen este rol.

*Hacer efectivo el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, que todo servidor público debe efectuar de manera obligatoria, sin importar el cargo o jerarquía que el mismo tenga. El objetivo de la PNTLCC es que esta Declaración Jurada prevenga el enriquecimiento ilícito y la apropiación indebida de recursos estatales, incorporándose mecanismos de control social en el monitoreo de las mismas.

*EJE 4: MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. La propia PNTLCC reconoce que la implementación de sus medidas requiere generar cambios institucionales que incorporen en su diseño el mayor control social posible, de manera eficiente y eficaz, para así transparentar la gestión pública.

Indica que, en primer lugar, se necesita la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción, que rescaten las particularidades de cada institución y que incorpore instancias que centralicen la información respecto de este tipo de actos.

En segundo lugar, redefinir las funciones de control de la gestión pública y el rol que corresponde a cada institución involucrada en esta materia, desde los puntos de vista de legalidad, auditoría contable y evaluación de eficiencia y cumplimiento de metas.


Finalmente, la PNTLCC señala que es necesario optimizar y fortalecer la función administrativa, mediante la mejora de procedimientos administrativos internos, para facilitar los procesos de auditoría y control social, y hacer más expedito el cumplimiento de las medidas de transparencia y acceso a la información pública y, por otra parte, a través del fortalecimiento de la carrera funcionaria, eliminando los factores de discrecionalidad en el acceso y permanencia en el cargo.

lunes, 24 de febrero de 2014

Seguridad ciudadana: tarea urgente

Seguridad ciudadana: tarea urgente

Paúl Antonio Coca Suárez Arana. Abogado. abog.paulcoca@gmail.com

De manera constante, la delincuencia azota al conjunto de la población boliviana, en donde se evidencia el escaso poder de la fuerza del orden público, del sistema penitenciario, del sistema de administración de justicia, falencias que concadenadas implican resultados pocos halagadores en materia de seguridad ciudadana, y se evidencia la escasa presencia del Estado en nuestras calles.

La seguridad ciudadana no implica tener una Ley que no se cumple ya que, como reza un adagio popular, “el papel aguanta todo lo que se escriba”; tampoco significa realizar de manera constante y en diversas ciudades del país las ya famosas “Cumbres de Seguridad Ciudadana”, en donde las diversas autoridades se reúnen y si bien llegan a acuerdos, los mismos no se materializan.

La población es conocedora que el sistema penitenciario no cumple con el principal objetivo que tiene, el cual no es el castigar a la persona que cometió un delito, sino es corregirla y enmendarla para así reinsertarla a la sociedad y que tenga un papel al servicio de ella es decir, rehabilitar a la persona que ha sido condenada.

En varias ciudades del país, los vecinos no tienen otra opción que efectuar “justicia por mano propia”, con la cual no estamos de acuerdo porque no tiene asidero alguno en las normas y prácticas de un Estado de Derecho, pero es la única opción que tales vecinos tienen para defenderse y enfrentar a la delincuencia. Otros, optan por cerrar las calles de los barrios en los cuales viven, lo cual tampoco significa seguridad ciudadana, ya que el aislarse no es la solución al tema en cuestión, como tampoco lo es que exista un policía en cada cuadra o que los militares salgan de vez en cuando a las calles a sentar presencia.

Siempre se han efectuado medidas cortoplacistas, las cuales están en vigencia mientras la atención de la opinión pública está latente, pero luego todo vuelve a la (a)normalidad y nadie se encuentra seguro ni en las calles, ni en el propio hogar.

Fácil sería criticar a la fuerza policial, pero la realidad que ellos tienen no es de las mejores, ya que los equipos no son los mínimamente adecuados, y no se puede esperar un cuerpo policial acorde a la realidad, si los que delinquen están mejores preparados que los primeros.

De igual manera, más que una policía con equipo de última tecnología, se requiere una población con alimentación y trabajo estable, en donde no se golpee al bolsillo de los ciudadanos, quienes deben tener ingresos acordes con la realidad, necesarios para cubrir las necesidades básicas de alimentación, ropa, gastos del hogar y también el ahorro familiar. A la delincuencia se la ataca frontalmente generando trabajo y mejores condiciones de vida para el conjunto de los habitantes.


Nos referimos a que en vez de buscar llenar las sobresaturadas cárceles, se debe atacar la raíz de estos problemas, y hacerlo a la mayor brevedad posible, con medidas a largo plazo y que sean sostenibles en el tiempo ya que, el peor de los casos, sería generar las milicias de ciudadanos armados que defienden sus zonas, tal como ocurre en México.

jueves, 24 de octubre de 2013

31 años de democracia ininterrumpida en Bolivia

31 años de democracia ininterrumpida

Paúl Antonio Coca Suárez Arana. Abogado. abog.paulcoca@gmail.com

Hace 31 años, concretamente un 10 de octubre de 1982, Bolivia volvía a la democracia. No hay que olvidar que desde el 26 de septiembre de 1969 (cuando el Presidente constitucional Luis Adolfo Siles Salinas fue derrocado por el militar Alfredo Ovando Candia), empieza una serie de gobiernos dictatoriales que culminan en 1978, cuando el Presidente de facto, Hugo Banzer Suárez, convoca a elecciones para ese año. Pero tales comicios son anulados por fraude y se realizan Elecciones tanto en 1979 como en 1980. Estas últimas elecciones fueron ganadas por la coalición izquierdista Unidad Democrática Popular (UDP), pero el Golpe del 17 de julio de 1980 que emprendió Luis García Meza, puso de nuevo a la democracia en un ataúd.

Tras una serie de movilizaciones populares y descontento generalizado, las propias Fuerzas Armadas deponen a García Meza, permitiendo que, finalmente, Guido Vildoso Calderón asuma el poder como último Presidente de facto de Bolivia. Vildoso, respetando el voto popular de 1980, permite que se reúna el Congreso Nacional conformado según las elecciones de 1980, y se decide respetar la voluntad popular y designar al ganador de las Elecciones, es decir, a Hernán Siles Suazo como Presidente, quien asume el poder ese 10 de octubre de 1982.

Al presente, han transcurrido 31 años desde ese glorioso día en el cual tenemos una democracia ininterrumpida, donde los bolivianos hemos buscado soluciones dentro de la Constitución Política para resolver los problemas que se han generado y así evitar caer al precipicio, justo cuando estábamos al borde.

Dentro de estos 31 años de democracia, hubieron graves problemas nacionales, como ser la hiperinflación, las movilizaciones contra el 21060, protestas contra las medidas de “privatización” de “capitalización”; hemos tenido la “guerra del agua” (2000), “guerra de la coca” (2001), “guerra del gas” (2003), además de los conflictos en Sucre de 2005, los muertos en ese febrero negro de Cochabamba (2007), La Calancha (2007), Porvenir (2008), por mencionar recuerdos que causan dolor al país, aspectos que deben hacernos pensar acerca del rumbo que se está tomando como país.

La democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio mediante el cual se puede conseguir la igualdad, teniendo como pilares el respeto a las opiniones, la vigencia de las garantías constitucionales, la cultura de paz para resolver conflictos, entre tantos aspectos que enmarca lo que es democracia. Por supuesto que un concepto interesante de esto, es el que dio el ex Presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln: “democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Bolivia ha avanzado bastante en la profundización de la democracia, como ser el que ahora se tiene una segunda vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepresidente; tenemos la elección de diputados uninominales, elección directa de alcalde y concejales, de Gobernador y asambleístas departamentales, además de tener un régimen autonómico que será positivo en la medida en que lo sepamos direccionar, tanto a nivel departamental, municipal, regional e indígena.


Podemos escribir mucho sobre democracia, pero las palabras no siempre bastan. Este 12 de octubre, recordamos el retorno a la democracia que, aunque no es perfecta, es preferible a la mejor de las dictaduras, ya que la libertad es un derecho innato de todo ser humano y ella sólo se ejerce en un sistema democrático.

sábado, 25 de septiembre de 2010

LEY ANTI-RACISMO Y REALIDAD


LEY ANTI-RACISMO Y REALIDAD

Paúl Antonio Coca Suárez Arana. Abogado y docente universitario. abog.paulcoca@gmail.com


Después de bastante debate, se aprobó la “Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación” en donde la discusión no se centró en la oposición a sancionar el racismo y la discriminación, sino en cómo se lo penalizará. Una vez aprobada la norma, se emitirá el Decreto Supremo que la Reglamente y que debe ser promulgado por el Órgano Ejecutivo, vale decir por el Presidente del Estado y sus Ministros.

Hacía falta una norma sancionatoria contra el racismo y toda forma de discriminación; ello significa estar a la par de países como Estados Unidos o Brasil. En este último, se tiene una sanción de hasta tres años para la persona que cometa actos de racismo o discriminación, pero también ello pasa por la prevención ya si pensamos que con sanciones duras se solucionarán estos problemas, estamos equivocados ya que las tareas preventivas y de educación son el mejor camino que la sanción dura que se establezca. A ello debemos acompañar una serie de políticas de Estado que fomenten la unidad y el desarrollo social intercultural, teniendo la capacidad para crear fuentes laborales y no fomentar abismos entre culturas.

Con esta norma, se pretende cambiar la idiosincrasia del boliviano, por lo que no solamente se sancionará el racismo, sino cualquier forma de discriminación que pueda darse, en donde los agraviados podrán acudir ante los órganos del Estado para hacerse respetar. Tengamos en cuenta que en muchos locales de diversión nocturna se “reservan el derecho de admisión”, y con esta norma ellos pueden sufrir sanciones. La discriminación que existe entre personas de diferentes estratos sociales (clasismo) deberá ser un tema del pasado, al menos eso se pretende con esta norma.

Sin embargo, el tema de la sanción es lo que más agitó las aguas en el tratamiento de esta norma jurídica que tiene asidero constitucional y humano, ya que no se concibe que pensemos que una persona es superior a otra por el color de piel, por el estrato social al cual pertenece o por tener un determinado origen. Pero, debemos ser realistas que debe sancionarse a quien agravia o discrimina y no a terceros. Por ejemplo, si un determinado medio de comunicación televisivo o radial entrevista a una determinada persona y ella da, en vivo y directo, insultos racistas o clasistas, evidentemente no se puede controlar las opiniones de las personas pero pretender cerrar un medio de comunicación por culpa de una persona, no es positivo.

De igual forma, es natural que los medios de comunicación impresos utilicen caricaturas de ciertos personajes políticos utilizando la sátira (humor político), lo cual es normal hasta en los países que tienen normas anti-racismo y anti-discriminación, y no pueden penalizarse las mismas ya que los ciudadanos deben ser críticos hacía sus políticos, y ello se lo hace -y debe seguir haciendo- en base a lo que ellos son como políticos, y no por su origen social, cultural o color de piel.

Se espera que en la Reglamentación de la norma se disipen todas las dudas existentes. Nadie puede ni debe tolerar racismo ni discriminación, pero también debemos decir que cada quien es responsable por sus actos, y la sanción debe ser para quien profirió las ofensas. A fin de cuentas, los delitos son personalísimos.